Una multitud clama por los derechos de los homosexuales en todo el mundo
Decenas de miles de personas -más de un millón según los convocantes- se han manifestado hoy por el centro de Madrid para denunciar la injusticia que padecen lesbianas, gais, transexuales y bisexuales en ochenta países, donde son perseguidos por las autoridades, e incluso condenados a muerte en algunos de ellos.
«Nos manifestamos por quienes no pueden», decía el lema de la pancarta de cabecera de la marcha, que ha transcurrido entre la glorieta de Carlos V (Atocha) y la plaza de Colón en un ambiente festivo y reivindicativo para recordar a quien no puede expresar libremente su orientación sexual.
En demasiados lugares los Derechos Humanos son una pura ilusión o una declaración en papel mojado, según el manifiesto leído al final.
Esta manifestación de «unidad y solidaridad» ha sido el acto central del «Orgullo LGTB» en Madrid, convocado por el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam) y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb).
La presidenta de Felgtb, Boti G. Rodrigo, ha recordado a la prensa que en diez países ser homosexual está castigado con la pena capital y ha recalcado que la ciudadanía «entera» de Madrid ha invadido las calles por los que no pueden defender sus derechos.
La máxima responsable de Cogam, Esperanza Montero, ha recalcado que en muchos países estas personas también sufren pena de cárcel.
Ha añadido que no hay problemas de seguridad en las celebraciones del Orgullo, al ser preguntada sobre las limitaciones por el ruido en las fiestas y la ruta que ha seguido la manifestación, cuestiones de las que ha responsabilizado al Ayuntamiento de Madrid.
La secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha denunciado que en España existe homofobia y situaciones de discriminación y ha reprochado a responsables del PP las «dificultades» que han puesto a la celebración de este año.
Ha reclamado al Ayuntamiento, al Gobierno y a las administraciones públicas que colaboren con el Orgullo porque es la fiesta de la diversidad y aporta riqueza y libertad.
También han asistido, entre otros, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el diputado de IU Ricardo Sixto.
Han participado cincuenta organizaciones sociales, una treintena de carrozas reivindicativas y un gentío -también curiosos- que ocupaba los carriles centrales de los paseos del Prado y de la Castellana o se agolpaba en las aceras en un ambiente festivo.
Los asistentes agitaban cientos de banderas del arcoíris y letreros y coreaban eslóganes a favor de una sociedad laica y plural y la libertad sexual, algunos vestidos de piratas, vikingos, romanos, legionarios, diablos o en ropa interior, animados constantemente por música de batucada.
Al pasar por la sede del Ayuntamiento de Madrid, se han oído gritos de «Orgullo, sí. Botella, no», en alusión a la alcaldesa de la capital, cuya dimisión han reclamado reiteradamente.
«Se nos trata como a delincuentes por el mero hecho de amar a alguien del mismo sexo o sentir que naces en el cuerpo equivocado» según el manifiesto leído por cuatro activistas.
Pero el delito, han precisado, debería ser el odio, la tortura, el encarcelamiento, el asesinato impune, pues toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad.
El manifiesto denuncia la situación que se vive en lugares como Centroamérica y Brasil, y países de Europa, África y Asia, donde estas personas sufren cada día «la exclusión, la estigmatización, la violencia y la muerte con impunidad».
«Exigimos a los responsables políticos que se ponga fin a esta situación y al Gobierno de Mariano Rajoy que tome ejemplo de los países que hacen de la lucha LGTB su bandera», según el manifiesto leído.
En Europa, la gestión de la crisis económica ha agravado la situación de discriminación y ha alentado el surgimiento de ideologías no compatibles con la diversidad, según los organizadores.
También han denunciado la situación en la que las personas LGTB se encuentra en España por políticas de «discriminación» y austeridad que el Gobierno «ha impuesto», pues la sanidad pública, universal, gratuita y de calidad está «en riesgo» y la educación continúa siendo uno de los entornos donde se ejerce una «mayor discriminación» hacia ellas.