Las CCAA contarán este año con el fondo para eliminar la pobreza infantil
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla recibirán en fechas próximas la cuantía del fondo extraordinario creado para luchar contra la pobreza infantil y que destinarán, principalmente, a sufragar alimentación, ropa, productos de aseo, medicamentos e incluso el alquiler de la vivienda.
El documento, que mañana analizarán las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud, y al que ha tenido acceso Efe, detalla la cuantía destinada a cada región, así como los requisitos y criterios que deben reunir los proyectos.
El fondo está dotado con 17 millones de euros de los que 1,4 millones de destinarán, exclusivamente, a la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, del que Andalucía recibe la mayor parte (360.641,64 euros) seguida de la Comunidad de Madrid (190.590,74) y de Valencia (151.238,49 euros).
En cuanto al reparto del resto de fondo (16 millones de euros) las ciudades de Ceuta y Melilla son las que recibirán más cantidad, con 1,30 y 1,27 millones cada una, seguidas de Canarias (1,23 millones), Andalucía (1,20 millones) y Extremadura (1,16 millones), mientras que el País Vasco y Navarra han quedado fuera del reparto.
La distribución del fondo se ha realizado aplicando el indicador Arope (siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión) que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea.
Además del riesgo de pobreza, este indicador tiene en cuenta la baja intensidad de empleo en los hogares y la carencia material severa, como no poder ir de vacaciones, no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder calentar la vivienda, no poder tener coche, lavadora o teléfono, o no disponer de 650 euros para gastos imprevistos, entre otros factores.
El documento elaborado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad establece que el crédito se destinará a financiar las prestaciones económicas de urgencia social para la lucha contra la pobreza infantil de familias con menores a su cargo, tal y como prevé el Plan Nacional para la Inclusión Social 2013-2016.
Por ello, los proyectos presentados por las comunidades tendrán que cumplir varios requisitos como la obligación de hacer un seguimiento y que los servicios sociales autonómicos certifiquen, en un plazo aproximado cuatro meses, cuál ha sido el destino de los fondos y su resultado.
Los proyectos de intervención social deben contemplar prestaciones económicas de urgencia social con el fin de atender las necesidades de privación material severa de las familias o unidades de convivencia con menores de 18 años a su cargo, evitando las duplicidades de intervención y optimizando los recursos.
Una vez detectadas las familias con menores a su cargo en riesgo de pobreza severa y exclusión social, los servicios sociales destinarán la cuantía recibida a paliar necesidades de alimentación, ropa personal, productos de aseo, medicamentos, prótesis, suministros del hogar (agua, electricidad, calefacción), alquileres o riesgo de desahucios.
Además, el plan prevé prestar trabajo social, acompañamiento y apoyo a las familias y a los menores e incorporarlas a programas sociales de familia, infancia e inclusión en la sociedad.
Según el documento aprobado por el Consejo de Ministros, los proyectos deberán ser promovidos, dentro del Sistema Público de Servicios Sociales, por las comunidades y las ciudades de Ceuta y de Melilla y gestionados por éstas o por las corporaciones locales o los entes públicos de carácter local.
Además, las comunidades tendrán que presentar una relación certificada de los proyectos, que se aprobarán de común acuerdo con Sanidad y remitirlos al Ministerio para la tramitación del último pago del ejercicio junto con la relación certificada de los mismos.
Deberán aportar la denominación de cada proyecto, entidad gestora y titularidad, localización desglosada por provincias y municipios, número de familias atendidas, usuarios, la aportación del Ministerio y, en su caso de las comunidades y las corporaciones locales o entes públicos de carácter local.
Igualmente se remitirá una ficha por cada proyecto de conformidad con el modelo homologado presentado en la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.
Asimismo, ambas administraciones participarán en el seguimiento y evaluación de los proyectos financiados a través de la Comisión Delegada.
Sanidad deberá efectuar los pagos en la segunda quincena natural de cada trimestre, en el momento en el que se haya hecho el reparto y se publique en el BOE.
Los proyectos deberán ser promovidos y gestionados por las comunidades que asumirán la corresponsabilidad en la financiación aportando a cada proyecto, al menos, dos tercios de la cantidad financiada por el Ministerio. EFE
