La Xunta adjudica las primeras viviendas cedidas por la Sareb a afectados por ejecuciones hipotecarias y por impago del alquiler
La Comisión Provincial de Vivienda de Pontevedra, reunida la semana pasada, propuso la adjudicación de cinco viviendas cedidas por la Sareb, en el marco del programa de Realoxo de Afectados por Ejecuciones Hipotecarias. La propuesta corresponde la cuatro viviendas en Vigo y una en el Porriño.
Además, en la reunión de la próxima semana, la Comisión Provincial de Vivienda de Pontevedra estudiará otras dos posibles adjudicaciones de viviendas cedidas por la Sareb en la provincia.
Por otra parte, la Comisión Provincial de Vivienda de A Coruña ya adjudicó otras dos viviendas de la Sareb, una en Culleredo y otra en Ferrol, por lo que en breve serán nueve las viviendas cedidas por la sociedad estatal que fueron adjudicadas a afectados por ejecuciones hipotecarias o desahucios por impago del alquiler.
El pasado 17 de marzo la Xunta y la Sareb firmaron un convenio por lo que la el Instituto Gallego de la Vivenda e Solo gestionará, en una primera fase, cincuenta viviendas cedidas por la entidad estatal, que serán adjudicadas en condiciones semejantes las que se emplean con las viviendas de promoción pública propiedad del IGVS, ya que será en régimen de alquiler y con una renta mensual que en ningún caso podrá superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar.
Los adjudicatarios de las viviendas pagarán la renta de un alquiler social y los consumos que originen (energía, agua, etc.), pero no les corresponderá abonar los gastos de comunidades y tasas o impuestos de la vivienda, que serán por cuenta de Sareb, así como los gastos extraordinarios de mantenimiento de la habitabilidad y reparaciones de las viviendas.
Pola su parte, el IGVS se hará cargo de los gastos correspondientes a la obtención del certificado de eficiencia energética si la vivienda no dispone de él, gastos de mantenimiento y reparaciones comunes y de gestión y administración de los alquileres.
El convenio con la Sareb tiene una vigencia de cuatro años prorrogables por períodos de un año. Una vez que finalice el convenio, el IGVS devolverá a la Sareb las viviendas vacías o con contratos en vigor.