Ethel Vázquez avanza la firma en los próximos días de los convenios con tres bancos para frenar los desahucios y dedicar viviendas vacías a alquileres sociales
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Ethel Vázquez, avanzó onte que la Xunta firmará de manera inminente los tres primeros convenios con las entidades financieras para evitar desahucios y dedicar viviendas vacías a alquileres sociales. Así lo adelantó hoy en el pleno del Parlamento de Galicia, en repuesta a una pregunta sobre las medidas previstas por el Gobierno gallego para proteger el derecho a la vivienda.
Ethel Vázquez explicó que Abanca, Sabadell-Gallego y Caja Rural ya comunicaron su voluntad de adherirse a estos procedimientos, que fueron autorizados el pasado jueves por parte del Consello da Xunta como una medida pionera en España.
Hace falta recordar que la firma de convenios de colaboración entre el Instituto Gallego de Vivenda e Solo y las entidades de crédito presentes en la comunidad tienen como objetivo evitar que las familias con menos recursos sean desahuciadas de sus viviendas. En este sentido, se abren dos vías de actuación: posibilitar la permanencia en la vivienda de aquellas familias afectadas por un procedimiento de ejecución hipotecaria y destinar parte de las viviendas vacías propiedad de la entidad al alquiler social.
Vázquez reiteró que estos convenios permitirán que las entidades de crédito pongan en conocimiento de la Xunta todos los casos de ejecuciones hipotecarias en los que esté autorizado judicialmente el lanzamiento y que se comprometan a evitarlo hasta que se consiga una solución que haga posible la permanencia de la familia en la vivienda.
La titular de Infraestructuras indicó que los afectados podrán quedarse en la vivienda hasta un máximo de tres años, pagando una renta de entre 0 y 75 euros/mes, según las circunstancias (renta, familiares al cargo, hijos…).
Ethel Vázquez también concretó que la Xunta pretende que las entidades firmantes de los convenios cedan voluntariamente el usufructo de parte de su parque de viviendas vacías, para poder destinarlas al alquiler social. Precisó que este alquiler social será de 0 a 125 euros/mes, también según la situación familiar.
Vázquez indicó que mientras “haya una sola familia en riesgo de perder su hogar, seguiremos trabajando” y añadió que a este compromiso responden iniciativas como el citado anteproyecto de decreto de creación del Censo de viviendas vacías para planificación social, ya en proceso de participación pública con el objetivo de ser aprobado en el último trimestre de este año.
Este anteproyecto recoge la inscripción obligatoria para todas aquellas viviendas vacías ubicadas en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, que sean propiedad de bancos, de sus filiales inmobiliarias y de la SAREB. La medida pretende impulsar la ocupación de las viviendas vacías inscritas en el censo por parte de los afectados por ejecuciones hipotecarias, familias que no pueden pagar el alquiler y familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda pública.
Otras medidas en marcha
Vázquez subrayó que una de las máximas prioridades de la Xunta es garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna a las familias gallegas y esta es una línea de trabajo en la que el Gobierno gallego viene centrando sus esfuerzos en los últimos años mediante las siguientes medidas:
• Apoyo a las familias en situación de especial emergencia social, para que puedan contar con una vivienda por adjudicación directa.
• Programa Reconduce, en colaboración con la Consellería de Trabajo, ofreciendo asesoramiento, y mediación ante los bancos, antes de los lanzamientos para intentar evitar que los afectados tengan que abandonar su hogar.
• Programa de Realojos para afectados por ejecuciones hipotecarias, a través de la adjudicación directa de viviendas de promoción pública o del Programa Alquila. Una medida que, hasta el momento, ha permitido dar respuesta a todas aquellas familias que lo solicitaron y que cumplían los requisitos.
Ethel Vázquez argumentó que la Xunta, consciente de que era preciso seguir intensificando y reforzando estas políticas, también puso en marcha a principios de este mismo año el Plan rehaVIta, para facilitar el acceso al hogar la aquellas personas que más lo necesitan. Este plan consolida programas anteriores, pero también recoge otras iniciativas destacadas:
• Red de viviendas de inserción, que permitirá adjudicar un hogar de forma ágil a personas en riesgo de exclusión social, y cuyo decreto se está redactando.
• Convenio ya firmado con la Sareb, para la cesión de las primeras 50 viviendas destinadas a aquellas familias con especiales dificultades, inmuebles que se empezarán a entregar ya en el próximo mes de julio.
• Bono Alquiler, de apoyo urgente, inmediato y puntual a las familias, que empezará a funcionar este verano, y que es compatible con otras ayudas sociales.
