Asistencia jurídica gratuita: durante el primer semestre se destinaron más de 5,1 M€ y se estimaron casi 22.000 solicitudes
- La Xunta destinó en el primer semestre más de 5,1 millones de euros para financiar la asistencia jurídica gratuita
- En los seis primeros meses del año se estimaron casi 22.000 solicitudes
La Xunta destinó en el primer semestre del año más de 5,1 millones de euros para financiar la asistencia jurídica de las personas que acreditaron insuficiencia de recursos. Con esta medida, el Gobierno gallego garantiza el derecho fundamental de acceso a la justicia de toda la ciudadanía.
La Comisión de Asistencia Jurídica de Galicia estimó cerca de 22.000 solicitudes en los seis primeros meses del año. La mayoría de ellas, algo más 13.400, se correspondieron a la jurisdicción penitenciaria; seguida de la jurisdicción civil, con 6.490 solicitudes estimadas. A continuación, aunque con bastante diferencia, se situaron la jurisdicción social (943), menores (634), la contencioso-administrativa (466) y la militar (4). Para atender estas solicitudes, la Xunta destinó en los primeros meses del año algo más de 5,1 millones de euros.
Tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita los ciudadanos españoles, de los Estados miembros de la Unión Europea y otros extranjeros que residan legalmente en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
La Administración autonómica viene introduciendo en los últimos años mejoras en la gestión de este servicio, lo que ha convertido a Galicia en una comunidad que paga pronto y puntualmente las certificaciones remitidas por los colegios profesionales de abogados y procuradores. Destaca, entre otros, la introducción de nuevas tecnologías para agilizar el pago de las certificaciones. En enero del año pasado, la Xunta aprobó una reforma del reglamento de la asistencia jurídica gratuita para adaptarla a las últimas reformas legislativas. Gracias a esto, se profundizó en el tratamiento electrónico de las certificaciones y de la presentación de solicitudes; en la simplificación del trámite de la revocación de las resoluciones denegatorias; y en la inclusión como beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de terrorismo, trata, menores y personas con discapacidad víctimas de abuso o maltrato.
Además de conseguir una gestión más eficiente, también mejoró la colaboración a nivel presupuestario. En este sentido, hace falta destacar que en 2017 firmó un acuerdo con el Consejo de la Abogacía gallega para incrementar las compensaciones económicas destinadas a los colegios de abogados y procuradores, situando a Galicia a la cabeza de España en lo referente a las remuneraciones de los letrados del turno de oficio.
