Colaboración con el fin de intercambiar información sobre familias afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios
- Xunta y Valedora do Pobo intercambiarán información sobre familias afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios
- La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y la valedora, María Dolores Fernández, acaban de renovar su convenio de colaboración para mejorar la atención a las personas en esta situación y garantizar canales de comunicación ágiles y efectivos entre el IGVS y la institución parlamentaria
- El acuerdo se enmarca en el paquete de 12 medidas impulsadas por el Gobierno gallego en el año 2012 para dar cobertura y defender los derechos de las personas en riesgo de ser desahuciadas de sus hogares por no poder pagar la hipoteca o el alquiler
El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y el Valedor do Pobo colaborarán un año más con el fin de intercambiar información de forma ágil y fluida sobre las personas afectadas en Galicia por procedimientos de ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago. La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y la valedora Dolores Fernández, acaban de firmar un nuevo convenio de colaboración en esta materia con el que se le dará continuidad a la línea de trabajo conjunta que mantienen abierta ambos organismos desde el año 2015.
El objetivo es doble. Por una parte, renovar el marco de colaboración establecido entre el IGVS y la institución parlamentaria para garantizar una mejor atención e información a las familias afectadas sobre sus derechos y las actuaciones y medidas desarrolladas por parte de la Xunta para responder a este tipo de situaciones. Y por otra, establecer canales de comunicación ágiles y preferentemente por vía electrónica para que fluya la información correspondiente a las quejas o consultas presentadas ante el Valedor sobre esta materia, con el fin de que el IGVS pueda valorarlas y proceder, si es el caso, a activar los mecanismos disponibles para ofrecer una respuesta.
Hace falta recordar que las quejas recibidas por la institución parlamentaria en materia de desahucios se refieren fundamentalmente a casos de pérdida de la vivienda habitual derivados de ejecuciones hipotecarias o impago de las rentas del alquiler.
Con el fin de brindar protección y proporcionar respuesta a las necesidades de estas personas, el Valedor do Pobo seguirá impulsando y dando a conocer cuantas medidas vayan orientadas a procurar la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Asimismo, en la línea de dar continuidad a las actuaciones desarrolladas desde el año 2015 en base a los acuerdos de colaboración con el IGVS, el Defensor también sugerirá o recomendará a las administraciones locales la adhesión al programa de viviendas vacías puesto en marcha por la Xunta el fin de optimizar las que estén desocupadas en los referidos ayuntamientos.
En este sentido y toda vez que los objetivos con los que la conselleira y la Valedora firmaron en octubre de 2019 un acuerdo para el intercambio rápido y ágil de información sobre personas afectadas por ejecuciones y desahucios, ambas partes consideraron oportuno renovar esta línea de colaboración a través de un nuevo convenio, que tendrá un año de vigencia y podrá prorrogarse por el mismo período de tiempo.
Para garantizar la consecución de los objetivos previstos en el acuerdo de colaboración y poder llevar a cabo un seguimiento del mismo, se comprometen también a constituir una comisión de coordinación integrada por un representante de cada uno de los organismos que lo firman. Esta comisión será la encargada de proponer acciones concretas, desarrollarlas y hacer una evaluación de los resultados de su ejecución.
Otras líneas de colaboración
Con el fin de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna e idónea, especialmente para aquellos sectores sociales con una menor capacidad económica, la Xunta de Galicia decidió impulsar en el año 2012 un paquete de medidas encaminadas a dar cobertura a aquellas personas en riesgo de perder su vivienda o que, de hecho, ya fueron desahuciadas.
En el marco de ese programa, precisamente, el IGVS promovió en los últimos años una serie de acuerdos de colaboración con diferentes instituciones y entidades con un papel importante en materia de vivienda. En este sentido, en el año 2013 se firmó un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, la Xunta y la Fegamp con el objeto de establecer un protocolo de actuación conjunta para detectar casos de especial vulnerabilidad en procedimientos de lanzamiento de la vivienda familiar y adoptar medidas de carácter social y realojo.
En la misma línea, también se firmaron en los últimos años y se fueron renovando acuerdos de colaboración con diversas entidades financieras y con la Sareb para destinar algunas de las viviendas que tienen disponibles a alquileres sociales para personas y colectivos que atraviesan especiales dificultades económicas.
