Plan de Reactivación Regional Post COVID-19: AEMTA presenta sus propuestas

• Propuestas de AEMTA Castilla y León para el Plan de Reactivación Regional Post COVID-19
  • Se trata de un listado de necesidades y expectativas que han presentado tanto a la Consejería de Empleo como a la Dirección General de Economía Social de la Junta de Castilla y León a partir de la información que les han trasladado su clientes desde la declaración del estado de alarma, con el objetivo, en la medida de lo posible, de lograr “minimizar” en las Sociedades Laborales y Empresas Participadas de Castilla y Léon las consecuencias económicas de la crisis sanitaria que estamos atravesando . 
  • Web AEMTA

 

Desde AEMTA, Organización de Sociedades Laborales y Empresas Participadas de Castilla y León compartimos la preocupación y la alarma suscitadas por la situación en la que nos encontramos a consecuencia de la crisis del Covid-19 y somos plenamente conscientes de la urgencia de evitar la propagación del virus entre la población, por lo que desde el primer momento hemos mantenido informadas a nuestras empresas de todas las novedades legislativas que se han ido poniendo en marcha.

 

Nadie duda a estas alturas de que la situación de alarma que estamos atravesando está teniendo y tendrá en el futuro un impacto económico y social incalculable en la economía global de manera que, con la finalidad de minimizarlo en lo que se refiere a las Sociedades Laborales y Empresas Participadas de nuestra Comunidad, quisiéramos trasladar a la Junta de Castilla y León las necesidades y expectativas del colectivo que representamos.

Las Sociedades Laborales de Castilla y León son pymes presentes en todos los sectores de actividad, cotizantes tanto en el Régimen General de la Seguridad Social como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, según los casos, y en las que las personas -propietarias mayoritarias del capital de la empresa en la que prestan sus servicios- adoptan un protagonismo diferenciado.

La trayectoria de las Sociedades Laborales no deja duda acerca de las ventajas que presentan para la consecución de la paz social desde una perspectiva de solidaridad y resiliencia, que ya ha acreditado durante los peores momentos de las crisis económicas que hemos atravesado anteriormente al mismo tiempo que las circunstancias en las que nos vamos a desenvolver en el plazo inmediato nos hacen intuir que nuestras empresas van a verse fuertemente castigadas por la situación actual.

Las personas socias trabajadoras (con independencia del régimen de la seguridad social en el que coticen) tienen que estar contempladas en todas las regulaciones que se promulguen en el marco de la crisis Covid- 19 y ser beneficiarias de las mismas medidas paliativas que se están aplicando para el resto de empresas y personas trabajadoras.

Asimismo queremos también llamar la atención sobre las personas socias trabajadoras de las Sociedades Laborales que cotizan en el Régimen General Asimilado y que solicitamos que puedan también acogerse a la prestación por desempleo o cese de actividad en el caso en el que se vean afectadas por un ERTE.

Aunque AEMTA Castilla y León haya participado en la canalización de sus reivindicaciones a través de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social CEPES, entidad encargada de la sistematización de las reivindicaciones planteadas por cada una de las familias integrantes de la Economía Social para su traslado al Gobierno de España en una apuesta por alcanzar una respuesta transversal y coordinada en política económica, social y laboral, queremos plantear las siguientes propuestas al actual Gobierno de la Junta de Castilla y León, que ya ha demostrado su compromiso con la Economía Social, de cara a que apoye a las Sociedades Laborales (proyecto de vida laboral que genera empleo estable y de calidad, fomenta la redistribución de la riqueza y contribuye a la constitución de un tejido empresarial -y por lo tanto de una sociedad -basado en valores- equidad, solidaridad, entendimiento, corresponsabilidad…-) para que colectivamente logremos remontar la crisis que estamos atravesando.

 

1. Propuestas de Aemta al Plan Reactivación Post COVID-19 a la Junta de Castilla y León

Algunas de las propuestas de mejora en la Orden de Bases Reguladoras de Subvenciones para Programas de Fomento de la Economía Social:

Propuesta A1: Un programa de Inversiones para las empresas de Economía Social. 

1. Contemplar el leasing y renting como elementos subvencionables.

2. Apoyo a la innovación en las tecnologías de la información y comunicación de las empresas.

3. Facilitar la subvención para la financiación de préstamos destinados a  inversión y que se pueda repartir el riesgo entre varias entidades ya que de esa manera resultaría más fácil para la empresa el acceso al crédito.

4. Subvencionar la adquisición de bienes de segunda mano, aunque provengan de una empresa no especializada en ello.

Propuesta A2: Programa de Asistencia Técnica para las empresas de economía social post Covid-19 en las siguientes áreas:

1. Estudios de viabilidad económico-financiera, organización, comercialización, estudios de mercado y otros de análoga naturaleza.
2. Estudios precisos para la obtención de financiación.
3. Auditorías e informes económicos.
4. Estudios y análisis sobre las diversas áreas de gestión empresarial.
5. Implantación y certificación de Sistemas de Aseguramiento de Calidad según la norma UNE.EN.ISO serie 9000 e ISO 14.000.
6. Implantación de Planes Estratégicos en las empresas de Economía Social.
7. Incorporación de TIC y comercio electrónico.

Propuesta A3: Programa de Reestructuración Financiera y más en la situación actual derivada del COVID-19.

Debería establecer que:

“Se podrán subvencionar los intereses de los préstamos necesarios para llevar a cabo un Plan de Reestructuración Financiera de Sociedades Laborales. Las subvenciones financieras irán destinadas a la refinanciación de préstamos que las Entidades de Crédito hayan concedido a la empresa, y el nuevo préstamo deberá suponer una ampliación del plazo o una reducción de los costos, debiendo ser significativo su impacto sobre la estructura financiera y la rentabilidad de la empresa”.

1. Otras propuestas realizadas al Gobierno de España para las que solicitamos el apoyo de la Junta de Castilla y León

Propuesta B1: Una medida muy eficaz (Post COVID-19) podría ser permitir la solicitud del Pago Único del desempleo sin necesidad de provenir del mismo, para aquellos trabajadores indefinidos que se conviertan en socios, ya que permitiría la capitalización y financiación de las empresas de Economía Social y fomentaría aún más si cabe, la participación de los trabajadores en el capital de las empresas. 

Propuesta B2: Plantear al Ministerio de Trabajo y Economía Social la supresión para las Sociedades Laborales constituidas por dos personas socias trabajadoras al 50% de la obligación de adaptarse en 36 meses (requisito establecido en artículo 1.2 b de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas).

Esto facilitaría a los autónomos y autónomas, así como a las personas emprendedoras la constitución de Sociedades Laborales de dos socios, proporcionando a numerosos proyectos empresariales con capacidad de crecer, una cobertura societaria en el ámbito de la Economía Social.

Propuesta B3: Para evitar el endeudamiento de las empresas de Economía Social: Moratoria de 8 meses a las empresas para la devolución de los préstamos ya concedidos con anterioridad.

Propuesta B4: Evitar que las entidades financieras no realicen amortizaciones de los prestamos ya concedidos cuando se solicite una nueva financiación basada en las líneas ICO para la crisis COVID-19.

Propuesta B5: Medidas financieras para la dotación de una cobertura crediticia en las operaciones comerciales para garantizar un porcentaje de los posibles impagos de clientes.

Propuesta B6: Permitir la amortización acelerada al doble de los porcentajes que se establecen en artículo 12.1 LIS 27/2014 para aquellas empresas que realicen inversiones tras el estado de alarma y final de ejercicio 2020.

Propuesta B7: Proponer el modelo de la Economía Social, como uno de los factores para la recuperación de empresas post COVID-19, incentivando los procesos de constitución y transformación a empresas de economía social.

Propuesta B8: Para aquellas empresas de Economía Social que por razón de su actividad, se hayan visto obligadas a cerrar en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, proponemos líneas de financiación especial y ayudas concretas, que financien la inversión que realicen, con el objeto de adaptarse a la nueva situación derivada por el COVID-19.

Propuesta B9: Otorgar puntos adicionales en los sistemas de valoración para la obtención de subvenciones de Economía Social para aquellas Sociedades Laborales que hayan tenido que cesar su actividad por fuerza mayor. 

Propuesta B10: La importancia de la formación profesional, imprescindible para los desempleados en estos momentos, ya que facilita el acceso al mercado de trabajo mejorando su empleabilidad y contribuyendo a la productividad y competitividad de las empresas de nuestra Región.

Propuesta B11: Modificación de la Ley 44/2015, de Sociedades Laborales y Participadas.

• Actualización de algunos artículos de la Ley de Sociedades Laborales y Participadas 44/2015.
• Creación de una fiscalidad específica para las Sociedades Laborales que las consolide y fomente.
• Modificación de la Ley General de la Seguridad Social para dotar a las personas socias trabajadoras de toda la cobertura social del Régimen General de la Seguridad Social incluso en los supuestos en los que formen parte del Órgano de Administración.

Propuesta B12: Adaptación de la legislación vigente para facilitar el mantenimiento del empleo y del tejido empresarial mediante el acceso de los trabajadores a la propiedad de las empresas.

• Modificaciones en la Ley Concursal, para favorecer en caso de situaciones de crisis la transmisión de las unidades productivas a las personas trabajadoras.
• Trasposición de la Directiva Europea llamada “de segunda oportunidad”.
• Adaptación de la normativa de la Tesorería General de la Seguridad Social para evitar la derivación de la deuda de la empresa concursada a la reconvertida y constituida por las personas trabajadoras.
• Adaptación de la capitalización de la prestación por desempleo para facilitar el acceso de las personas trabajadoras con contrato indefinido a la propiedad mediante la adquisición de acciones o participaciones sociales, tanto para sociedades laborales como para cooperativas.
• Incentivos fiscales que favorecen este modelo de transmisión.
• Plan específico de la Dirección General de la Política de la Pyme, para facilitar el relevo generacional de muchas empresas bajo la fórmula de Sociedades Laborales.