«Las políticas de Sergio Álvarez las pagaremos todos los ciudados» tras la condena al Ayuntamiento de Cacabelos
- Nota de prensa de la oposición de Cacabelos
Una nueva sentencia castiga las políticas de Sergio Álvarez y su Tripartito, «QUE PAGAREMOS TODOS LOS CIUDADANOS»
El Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de León condena al Ayuntamiento de Cacabelos a ejecutar sus propias resoluciones (como es evidente y obvio en el sentido común) y a pagar las todas costas de un proceso judicial que tuvo que iniciar un vecino de Quilós para defender sus derechos.
Esta es otra sentencia oculta en el cajón de Sergio Álvarez y del Gobierno Municipal del PSOE, IU y ACC(Podemos), contra sus repetidas vulneraciones de los derechos de los ciudadanos. Oculta por su nocivo interés en señalar que la judicialización de la vida municipal está siempre en el bando contrario, cuando sus nefastas decisiones obligan a los ciudadanos a recurrir a la justicia para hacer valer sus derechos. El reconocimiento de sus atropellos está ahogando las finanzas públicas.
Los hechos se remontan a 2005 cuando el Gobierno Socialista de J. M. Sánchez, vertió escombros de una obra pública en una finca del paraje de La Rivela en Quilós.
Ante la repetida exigencia del propietario de que se retirasen los escombros, los dos gobiernos municipales posteriores, adoptan sendos acuerdos que le reconocen sus derechos a este vecino.
Con la llegada al gobierno del Tripartito, el equipo de Sergio Álvarez le niega los derechos reconocidos en ejercicios anteriores, obligando al propietario a reclamar sus derechos judicialmente y, como es licito, el pasado 5 de diciembre el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de León le dio la razón, obligando al Ayuntamiento a retirar los escombros en un plazo de 3 meses.
No sin antes señalar, una vez más, la pobre defensa del Consistorio, y a condenarlo al pago de todas las costas del procedimiento.
Un ejemplo más de la manera de actuar de Sergio Álvarez y del Gobierno Tripartito, tomando permanentemente decisiones contrarias a la ley por la fuerza de sus votos, que empujan a los ciudadanos a reclamar sus derechos judicialmente. Procesos que pagamos todos los habitantes del Municipio, convirtiéndonos en víctimas de sus caprichos autoritaristas.
